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Es posible garantizar el desarrollo tecnológico en el campo de la inteligencia artificial (IA) y, al mismo tiempo, prevenir abusos y proteger derechos. No podemos transmitir la falacia de que la regulación impide la innovación. Al contrario: es a través de este debate normativo que la sociedad brasileña tiene la oportunidad de avanzar hacia un avance tecnológico ético, sostenible, que respete sus particularidades históricas y culturales y no acentúe las desigualdades estructurales.
En este contexto, la proposición, a nivel estatal, de una mera carta de principios, como es el texto original del Proyecto de Ley n. 21/2020 en Brasil, aparece como una falsa regulación, impidiendo la regulación real de los sistemas de IA, no siendo suficiente para abordar este tema con calidad. La referida propuesta legislativa tampoco crea el estado de seguridad jurídica necesario para el desarrollo de las prácticas comerciales. El problema brasileño es, en cierto sentido, un problema de otros países.
En el contexto local, por esta y otras razones, y ante los llamados de la sociedad civil y expertos, se instaló una Comisión de Juristas en el Senado Federal para elaborar un proyecto de sustitución no solo del PL 21/2020 sino también del PL 5.051 /2019 y 872/2021. El informe final de la Comisión, entregado en diciembre de 2022 y aún pendiente de aprobación, necesita ser ampliamente difundido y debatido profundamente con la sociedad y todos los actores interesados.
La mención del caso brasileño es paralela a lo que viene ocurriendo en los debates regulatorios en otros países (destacamos la discusión e implementación de la Ley Europea de IA Act y el Tratado acerda de IA y las decenas de iniciativas en todos los continentes, mapeadas por varios organismos multilaterales).
Las discusiones sobre regulación tecnológica deben darse a través de un debate amplio, participativo y multisectorial. Este requisito es esencial para que tengamos una legislación mínimamente adecuada y en línea con las buenas prácticas legislativas nacionales e internacionales, como se ve en las experiencias brasileñas del Marco de Derechos Civiles para Internet y la Ley General de Protección de Datos Personales. Atropellar la discusión es peligroso para la sociedad en su conjunto.
A pesar de que aún necesita mejoras, la nueva redacción es más consistente y preocupada por equilibrar la protección de los derechos durante el ciclo de vida de los sistemas de IA con la capacidad de innovación tecnológica responsable, además de enumerar cuestiones que el antiguo proyecto de ley no pudo incorporar y que son puntos centrales de nuevos lineamientos sobre el tema.
Además, es importante contar con normativa nacional, que no sea un mero trasplante de iniciativas extranjeras. En el contexto brasileño, al que se dirige esta carta, la buena regulación necesita considerar la conciliación entre un enfoque basado en riesgos y un modelo regulatorio basado en derechos, enumerando propuestas de gestión de riesgos y evaluación de impacto, además de principios relevantes para una comprensión adecuada. y desarrollo de la inteligencia artificial.
La propuesta presentada por la Comisión de Juristas es un paso inteligente para lograr este resultado. Y es por eso debe ser el nuevo texto que oriente el debate sobre la regulación de la IA en Brasil, que debe contener mecanismos capaces de abordar de manera efectiva cuestiones como la discriminación étnica y de género, la exclusión económica e informativa, así como los muchos otros temas que se manifiestan. de manera particular en nuestro territorio.
En ese sentido, la Coalición de Derechos en Red (CDR) y las entidades firmantes defienden, con base en un acervo de experiencias nacionales e internacionales, que el texto de la Comisión de Juristas sea finalmente propuesto en el Senado Federal para que sea el tema de debate de los congresistas y abierto a la participación multisectorial. También se manifiestan por una regulación participativa y responsable de la IA en Brasil, para servir de ejemplo mundial, y se ponen a disposición para contribuir a esa construcción.
Brasília, 14 de abril de 2023
Coalizão Direitos na Rede
Organizaciones que firman esta carta:
ANDA -Agência de Notícias de Direitos Animais
Aqualtune Lab
Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa
Centro Popular de Direitos Humanos -CPDH
Coalizão Direitos na Rede
Coletivo Cronotopo
Coletivo Digital
Creative Commons Brasil
data_labe
Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto Aaron Swartz
Instituto Educadigital
Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife – IP.rec
Instituto de Referência em Internet e Sociedade – IRIS
Instituto Sumaúma
Instituto Telecom
Instituto Vero
Intervozes- Coletivo Brasil de Comunicação Social
Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN)
MeRepresenta
Rede Nacional de Combate à Desinformação
Individuos que firman esta carta:
Alana Maria Passos Barreto
Alexandre Henrique Vieira Soares
Alice de Perdigão Lana
Ana Gabriela Ferreira
Ana Regina Rêgo
André Lucas Fernandes
Andre Luiz Pontin
Bianca Kremer
Carolina Assis Martins
Celso Eduardo Lins de Oliveira
Clarissa Mendes Gonçalves
Cris Guimarães Cirino da Silva
Cynthia Picolo
Evandro Souza
Gabriela Buarque
Janaina Spode
José Renato Laranjeira de Pereira
José Vargens
Kátia Chagas Lucio
Larissa Milhorance dos Santos
Luciano Silvestre
Luis Henrique de Menezes Acioly
Márcio Patusco Lana Lobo
Marcos Urupá
Marcus Vinicius Pereira
Maria do Carmo Duarte de Bittencourt
Nelma Souza Tavares
Nelson Pretto
Paulo Faltay
Paulo Rená da Silva Santarém
Pedro Amaral
Raquel Lima Saraiva
Renaud Leenhardt
Samantha Ribeiro de Oliveira
Tarcizio Silva
Tiago Ferreira Muniz
Victor Brito Ferraz
Victor Durigan
William Lima Rocha
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