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Nota sobre el decreto que elimina los órganos de participación del Ejecutivo en Brasil

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El último día 11 de abril, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un decreto que extingue los órganos colegiados en la esfera federal. El decreto nº 9.759/2019 afirma que serán eliminados todos los órganos de este tipo que hayan sido creados por decreto y que no tengan una ley que defina sus competencias en un plazo de 60 días. Aquellos que quieran ser mantenidos deberán enviar al Ejecutivo una justificación hasta el 28 de mayo.

La medida es más una acción autoritaria del gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene como objetivo impedir la participación social en la definición e implementación de políticas públicas de interés de la población. Los comités y colegiados son previstos por la Constitución Federal de 1988 y tienen por objetivo permitir viabilizar el control social para garantizar derechos en los distintos ámbitos y garantizar la participación social.

Con el decreto, innumerables espacios fundamentales para la garantía de derechos específicos pueden dejar de existir, como por ejemplo el Consejo Nacional de las Personas con Deficiencia (Conade), el Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bissexuales y Transexuales y el Consejo Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (CNPIR). Él además anula la Política y el Sistema Nacional de Participación Social, que era responsable por coordinar, definir y promover los mecanismos de participación social en el país.

La medida puede impactar aún el Comité de Acompañamiento por la Sociedad Civil para la Clasificación Indicativa (CASC), órgano del Ministerio de Justicia responsable por la discusión e implementación de la política de clasificación indicativa de programas y espectáculos, y las comisiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre ellas la Comisión Permanente de Derecho a la Comunicación y a la Libertad de Expresión.

El decreto se publicó sin la presentación de un análisis de impacto y representa la destrucción de una parte importante de la administración pública federal. Los consejos y comités afectados son espacios institucionales que aproximan los agentes públicos de la sociedad, con el objetivo de garantizar eficiencia y eficacia a las políticas públicas y, por lo tanto, causará daños graves para el funcionamiento del Estado a nivel federal.

Existan especulaciones sobre el impacto del decreto sobre el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), que fue creado para establecer directrices estratégicas relacionadas al uso y desarrollo de Internet en Brasil y promover una gobernanza de Internet participativa y de múltiples partes interesadas. A pesar de no haber una posición oficial acerca de eso, su extinción representaría un gran retroceso para la gobernanza de Internet y los derechos de usuarios y usuarias de Internet.

Para la organizaciones que integran el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación y la Coalición Derechos en la Red, el decreto no se aplica al CGI.br, pues no consiste en un órgano de la administración pública federal. Además, no recibe recursos del gobierno federal. Estamos siguiendo el tema con atención y vamos actuar para que esta acción discrecional no destruya esta experiencia exitosa e internacionalmente reconocida en gobernanza de Internet de múltiplas partes interesadas. Si necesario la acción será denunciada junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y demás organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos.

El decreto de Jair Bolsonaro se suma a una serie de otras medidas adoptadas en sus primeros cien días de gobierno, como la que determina que el Ejecutivo federal podrá supervisar, coordinar, monitorear y seguir las actividades y acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el país.

En todos los casos se tratan de políticas arbitrarias que operan en la lógica de cierre total del Estado a la participación social. Ellas refuerzan además la persecución y criminalización de actores civiles y violan el derecho a la libre expresión, participación y asociación, cuestionando directamente las bases de la democracia brasileña.

  • Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
  • Casa da Cultura Digital de Porto Alegre
  • Ciranda da Comunicação Compartilhada
  • Coding Rights
  • Coletivo Digital
  • Internet Sem Fronteiras Brasil
  • Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
  • Instituto Bem-Estar Brasil
  • Instituto Beta: Internet & Democracia
  • Instituto Nupef
  • IP.Rec
  • Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social
  • Laboratório de Políticas Públicas e Internet (Lapin)
  • Movimento Mega

Adesões internacionais:

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  • Derechos Digitales
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